viernes, 7 de agosto de 2009

DINERO OSCURO DE LA MINERA

NCeHu 534/09www.centrohumboldt.org

Maristella Svampa

SOCIOLOGA

(CONICET, UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO)

Clarín

Buenos Aires, 31/7/09


El geógrafo Carlos Reboratti publicó el sábado una nota de opinión criticando a aquellos sectores académicos que hoy cuestionan que el Consejo Universitario Nacional haya aceptado fondos provenientes de la compañía minera Bajo La Alumbrera, actualmente procesada por la Justicia Federal.

El autor desconoce los objetivos de la ley 14771, que estipula la distribución de beneficios a las Universidades Nacionales. El espíritu de esa ley, sancionada bajo el gobierno de Frondizi, apuntaba al desarrollo científico nacional así como al control del Estado sobre los recursos naturales. Estemos de acuerdo o no con estas premisas, el caso es que el espíritu originario de la ley hoy ha sido completamente tergiversado, gracias a las "generosas" reformas de los 90 que inhiben al Estado nacional de disponer del subsuelo y favorecen de manera escandalosa, a través del nuevo marco regulatorio, un modelo de expropiación económica en manos de grandes empresas transnacionales.

Reboratti parece ignorar que este tipo de minería utiliza tecnologías modernas más agresivas que las de antaño (dinamitación de montañas enteras, utilización de grandes cantidades de agua, procesos de lixiviación con sustancias químicas), que generan gravosos efectos socio-ambientales y colisionan con las economías locales y las formas de vida de las comunidades involucradas.

Para el caso de La Alumbrera, cuya explotación afecta a Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Tucumán, son numerosas las denuncias existentes, una de las cuales condujo a su actual procesamiento por el "delito de contaminación peligrosa para la salud" .

En consecuencia, las Universidades públicas no pueden aceptar acríticamente estos fondos, desentendiéndose tanto del espíritu de la ley como del actual procesamiento judicial de La Alumbrera, que arrastra con todo un historial de violación de derechos humanos. Tampoco pueden ignorar las ingentes denuncias de las comunidades afectadas por la vertiginosa expansión del actual modelo minero en nuestro país, que subrayan el carácter insostenible del mismo.

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